Según cálculos del Estado colombiano, en la actualidad existen alrededor de 115.000 personas detenidas en las cárceles en Colombia, de las cuales se estima que el 94% son hombres y el resto mujeres. Unos se encuentran en calidad de condenados y otros en condición de sindicados.

En las condiciones de hacinamiento e insalubridad de las cárceles, estar detenido es una experiencia inhumana. A pesar de la reciente construcción de 10 prisiones nuevas, las circunstancias no cambian. Las instalaciones son obsoletas, los servicios de salud son deficientes, la precaria higiene disemina enfermedades contagiosas, la alimentación es precaria y la violencia se desplaza rampante al interior de las cárceles.

El núcleo de todos los problemas tiene un nombre: el hacinamiento. En las principales cárceles en Colombia, esto es, La Modelo y La Picota en Bogotá, Bellavista en Medellín y Vistahermosa en Cali, el hacinamiento supera el 100%. En tales condiciones es más que imposible lograr el objetivo que, en el ámbito del Derecho Penal, se busca respecto del recluso: su resocialización.

Quienes salen de la prisión tienden a reincidir, dado que en  estado de libertad no encuentran oportunidades laborales que les permitan un sustento digno, por lo que recurren,  una y otra vez,  al delito.

Todo éste panorama abrumador y desolador evidencia que las cárceles en Colombia se han constituido en una especie de forma brutal de castigo inhumano e indignante. Lo más triste de todo, es que son los sectores más pobres y vulnerables de la sociedad colombiana los que sufren el rigor de esta desconsoladora situación. Como quien dice  “al caído, caerle “.

Parece aterrador el argumento popular y de ciertos sectores del Estado, según el cual dichas condiciones brutales, inhumanas e indignantes, tienen  “su lado positivo”.  Tales condiciones, según algunos, logran la finalidad de disuadir al delincuente habitual y consuetudinario de proseguir con su carrera criminal.  Ante semejante argumento, no se sabe si reir o llorar de desconsuelo y vergüenza.

Es más que claro que el objetivo de reducción de los índices de criminalidad no se logra, en lo absoluto, mediante atropellos brutales impropios del principio inalienable del respeto por la dignidad humana.

Ni la disuasión, ni la reducción de la criminalidad, son objetivos que se han logrado en Colombia, a pesar del terror que se asoma ante la posibilidad de ingresar a esos verdaderos centros de tortura  al mejor estilo medioeval.

Lo índices de criminalidad están por encima de los estándares internacionales y, lo peor de todo, es que tienden a subir a pesar de la posibilidad de ingresar a las cárceles en las condiciones suficientemente descritas en este post.

Bajo semejante panorama, el poder de castigar del Estado pierde toda legitimidad posible. No obstante, los gobiernos de las últimas décadas se circunscriben a tratar de solucionar el problema, dando  más de lo mismo. Han considerado nuestros estadistas que, construyendo más cárceles y estableciendo penas más largas, disminuirá el problema.

Nada más desacertado. Un Estado que se precia de ser democrático debe tomar medias diferentes, más drásticas y razonables.

No obstante y en medio de semejante panorama tan sombrío y desolador, surgen algunas circunstancias que atemperan, así sea en una infinitesimal medida, el lamentable estado de cosas.

Es así como, mediante el programa denominado Gobierno en línea, se ha implementado un interesante modelo para coordinar, vía internet, las visitas a los reclusos de las cárceles en Colombia.

Imagen | Cárceles en Colombia

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