El Decreto obliga a los estudiantes en prácticas a cotizar en la Seguridad Social, buscando así garantizar una protección social adecuada para aquellos que realizan actividades formativas en empresas. Esta medida permite que los jóvenes adquieran una mayor seguridad y estabilidad en su futuro laboral, asegurando su derecho a una pensión y otros beneficios sociales en caso de necesitarlos en un futuro.
El real decreto del 28 de diciembre de 2018 obligará a las empresas a incorporar a la seguridad social a los estudiantes que realicen prácticas en las mismas.
Las prácticas no tienen porque ser remuneradas aunque algunas empresas y universidades discrepan con este nuevo decreto ya que encarecerá los estudios en España.
Depende de donde caiga la responsabilidad de gestionar los gastos podrían haber unas reacciones u otras por ejemplo en el caso de que sea en las empresas es posible que las plazas disminuyan y si la responsabilidad recae en las universidades los títulos se encarezcan.
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