Oficina Judicial

La Oficina Judicial es una dependencia del Poder Judicial encargada de brindar servicios administrativos y técnicos para el buen funcionamiento del sistema judicial. Se encarga de gestionar y administrar los expedientes y documentos judiciales, así como de facilitar el acceso a la justicia a los ciudadanos.

Una de las principales funciones de la Oficina Judicial es la gestión y control de los procesos judiciales, garantizando que los trámites se realicen de manera ágil, eficiente y respetando los plazos establecidos por la ley. Además, también se encarga de gestionar la asignación de juzgados y magistrados a los diferentes casos, con el objetivo de garantizar una adecuada distribución de trabajo y evitar retrasos en el proceso judicial.

Otra función importante de la Oficina Judicial es garantizar la transparencia y la imparcialidad en el sistema de justicia. Para ello, se encarga de llevar un registro de los movimientos y actuaciones de cada expediente, así como de brindar información actualizada a las partes involucradas en un proceso judicial. Además, también se encarga de velar por el correcto cumplimiento de las normas procesales y del respeto a los derechos de las partes en un juicio.

El Ministerio de Justicia nos expone brevemente la Oficina Judicial.

Oficina Judicial

La Oficina Judicial es «la organización de carácter instrumental que sirve de soporte y apoyo a la actividad jurisdiccional de jueces y tribunales» (Ley Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre, de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial)

El nuevo modelo organizativo de Oficina Judicial rompe con la configuración clásica de juzgados para impulsar una organización de los medios personales y materiales más eficiente y racional, que haga posible la distribución del trabajo en equipos, la normalización de tareas y la especialización del personal.

Esté sistema de gestión permitirá mejorar la práctica de la actividad judicial y dar una respuesta eficaz, ágil y eficiente al ciudadano, gracias a las nuevas tecnologías de la información y la comunicación.

Su puesta en funcionamiento responde, por lo tanto, al compromiso con un servicio público próximo y de calidad, conforme a los valores constitucionales y ajustado a las necesidades actuales de la ciudadanía.

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