Cooperación al Desarrollo

La política española de cooperación al desarrollo tiene básicamente su origen en la declaración contenida en el preámbulo de la Constitución de 1978, en la que la Nación española proclama su voluntad de colaborar en el fortalecimiento de unas relaciones pacíficas y de eficaz cooperación entre todos los pueblos de la Tierra.

La Ley 23/1988, de 7 de julio, de Cooperación Internacional para el Desarrollo es la normativa básica en materia de cooperación internacional. Esta ley define el régimen jurídico, la planificación, instrumentos y modalidades, la atribución de competencias de los órganos operativos, recursos materiales, el personal al servicio de la Administración del Estado y el contexto social de la cooperación española. En concreto, el Art. 18 de la citada norma establece que «Los Ministerios que realicen actividades en materias de cooperación internacional para el desarrollo, serán responsables de la ejecución de los programas, proyectos y acciones dentro del ámbito de sus competencias, que serán coordinadas a través de los órganos establecidos al efecto en esta Ley, con observancia del principio de unidad de acción del Estado en el Exterior».

Interesa especialmente la mención al principio de unidad de acción, así como la referencia a las competencias de los distintos Departamentos. Queda claro así, que la política de cooperación al desarrollo es una política eminentemente gubernamental.

Esta ley establece que la política de cooperación internacional para el desarrollo se ordena a través de Planes Directores de la Cooperación Española y de Planes Anuales.

Por todo lo anterior, la actividad de la Dirección General de Cooperación Jurídica Internacional del Ministerio de Justicia en la materia sigue, en todo caso, la línea de prioridad horizontal marcada por el gobierno en el III Plan Director de Cooperación previsto para el periodo 2009-2012 (PDF. 3,21 MB)Este enlace se abre en una nueva pantalla. Este Plan prevé «la gobernabilidad democrática y la promoción de los derechos humanos» como una de las prioridades transversales que deben informar toda actividad, para lograr el fin último perseguido: la reducción de la pobreza.

La «gobernabilidad democrática» entendida como un valor universal basado en el derecho de los pueblos a determinar su propio sistema político, social y cultural, resulta una herramienta imprescindible para que las comunidades alcancen tales objetivos garantizando el acceso a determinados servicios básicos, y el reconocimiento y protección de los derechos humanos y la igualdad de género.

El Plan recoge hasta 19 medidas concretas en su preocupación por dotar de eficacia como servicio público a una realidad, la de la administración de justicia, que se caracteriza por cierta complejidad de perspectivas y niveles, mejorando los aspectos que de modo directo afectan a la protección y promoción de los derechos de las personas ante la justicia.

De entre esas medidas cabe destacar las que se centran en la capacitación de los actores de la justicia en derechos humanos, tanto directamente a los Cuerpos del propio Ministerio de Justicia, Fiscales, Secretarios Judiciales, Médicos Forenses o Abogados del Estado, como con la firma de convenios con el CGPJ o la incorporación de cursos de derechos humanos a futuros abogados en la reglamentación relativa a convenios que vayan a concluir con Universidades y Colegios de Abogados en desarrollo de la Ley de Acceso a la Abogacía y Procura.